Granada y la ley de transparencia

Como muchos de ustedes ya sabrán, el pasado 10 de diciembre entró en vigor la nueva Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Un título muy presuntuoso para el normal funcionamiento de muchas instituciones públicas, a las que solo la idea de transparencia ya le viene grande.

Habría sido más interesante que esta Ley no estuviera construida sobre tanto escándalo público, tantos casos de corrupción y tanta información secuestrada a la ciudadanía durante décadas. Es una ley de urgencias, nacida más de la necesidad de maquillar el pasado que de promover una cultura de la transparencia que no existe en nuestro código de valores. No cabe duda de que pasarán años, más allá de las imposiciones legislativas, para que esta necesidad se convierta en virtud, que deje de ser una pesada carga para convertirse en algo de lo que presumir.

Y dado que esta nueva ley afecta a muchas instituciones públicas y privadas en el ámbito municipal, he pensado que esta era una buena oportunidad para echar una mirada al nivel de compromiso de las instituciones de la provincia con la transparencia…

El Ayuntamiento no muestra el más mínimo interés en salir de su oscurantismo

El consistorio es un ejemplo claro y preciso de lo que no se debe hacer en materia de transparencia. Dos veces hemos analizado su falta de transparencia y los informes al respecto son concluyentes. Las notas son bajas, muy bajas, impropias de una ciudad como Granada, cuyo Ayuntamiento debería poner algo más de voluntad en mejorar su nivel de acceso a la información pública.

Los indicadores son claros, sobre todo en transparencia económico financiera, donde suspende estrepitosamente. El ejemplo más claro es la poca claridad con la que se exponen las cuentas municipales en la página web. Y si son lectores habituales de este blog, habrán podido asistir a mis quejas continuas sobre la forma de presentar los datos económicos por parte del Ayuntamiento, que no tiene el más mínimo interés en mejorar en materia de acceso a la información municipal. Y que conste que no es una cuestión personal… Ahí están los partidos políticos de la oposición, poniendo de manifiesto un hecho incuestionable, con sus continuas denuncias sobre las dificultades que encuentran cuando intentan acceder a mucha de la información que solicitan.

Mucho va a tener que cambiar la administración local en este tema, si quiere cumplir la ley en el próximo mandato. Pronto saldrán publicados los índices de transparencia de los ayuntamientos españoles en 2014 (ITA) y podremos evaluar los progresos experimentados por el consistorio granadino, de lo que les daré cumplida información en este espacio.

La Diputación de Granada aprueba con reservas

Habrán tenido la oportunidad de escuchar, si son oyentes de radio habituales, una campaña de publicidad institucional que hace unos meses la Diputación realizó destinada a promocionarse como una de las más transparentes de España. Técnicamente esto es cierto, en base a los indicadores que evalúa la organización ‘Transparencia Internacional’, según los cuales, la Diputación de Granada es la octava más transparente de España, con una nota de 92,5 puntos sobre 100.

No obstante, existe un reproche metodológico en esta afirmación. Si bien es cierto que la Diputación mejora en mucho la transparencia del Ayuntamiento de Granada, lo hace de una forma en la que no se detecta ese compromiso, esa convicción de tener la transparencia como valor y no como obligación. La máxima institución provincial ha dotado su página web de un espacio reservado a la transparencia, en la que hay muchos documentos enlazados (algunos de los cuales no funcionan), pero ningún dato en formato abierto y reutilizable. Eso sí, muchos documentos en formato PDF, gran parte de ellos escaneados en calidad mínima, con firmas incluidas, con tablas cuya extracción es imposible; o enlaces el Boletín Oficial de la Provincia, donde aparecen publicados extensísimos decretos, la mayoría de las veces incomprensibles para la mayoría de los ciudadanos.

Esto es una forma de cumplir la ley, pero deja mucho que desear. Al final no deja de ser una transparencia de mínimos, donde obtener datos de la corporación exige una importante labor de extracción y filtrado de información mediante técnicas artesanales. Por ponerles un ejemplo, comprender el sistema de tarificación de la gestión de los residuos sigue siendo igual de complicado que si no existiera portal de transparencia. Basta con leerlo en el BOP correspondiente.

Y es que, la transparencia, asociada por ley al derecho de acceso a la información es algo que la administración no solo debe garantizar, sino también facilitar al ciudadano. De ahí que desde este espacio, y muchos otros similares, no nos cansemos de decir que no existe transparencia sin datos abiertos.

La Junta de Andalucía, con sus luces y sus sombras

La Junta de Andalucía mantiene una política errática en materia de acceso a la información, por varias razones: En primer lugar, por la dispersión de las fuentes informativas. Aunque tiene un organismo como el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) que funciona muy bien, muchos de los documentos de información estadística están alojados en las páginas webs de las diferentes Consejerías, con los más dispares criterios de catalogación. En segundo lugar, porque si bien el IECA ofrece todos sus datos en formato abierto, gran parte de las Consejerías publican mucha información en formatos poco o nada accesibles.

Valga el ejemplo de los presupuestos de la Comunidad, quizá el documento más importante; al igual que Ayuntamiento y Diputación se hace público en formato PDF y no en una hoja de cálculo, de manera que extraer la información de los miles de folios que lo forman exige un proceso de extracción y filtrado que exige gran dedicación, lo que sería evitable presentando dicha información en formato tabulado o en una simple hoja de cálculo.

Otro de los grandes problemas de los repositorios de datos de la Junta es la escasa actualización a la que están sometidos algunos de ellos. La antigüedad de los datos, en muchos casos, hace intrascendente la información que contienen.

La Universidad, el camino a seguir

No solo he criticado desde esta ventana las malas prácticas en materia de acceso a la información de las administraciones públicas. También lo he hecho en alguna ocasión con la Universidad de Granada, a la que sometí a una dura crítica por su falta de transparencia. Sin embargo, la Universidad ha demostrado en el último año cuál debe ser el camino a seguir por una institución u organismo público que apueste verdaderamente por la transparencia.

La creación del portal de transparencia de la UGR es una de las mejores noticias y de los mejores ejemplos en materia de transparencia y acceso a la información. Y todo ello, gracias a la dedicación y la apuesta del grupo de profesionales de la oficina de software libre de la UGR, que ha demostrado que no hacen falta grandes inversiones para volverse transparente, con el máximo rigor posible y dotando de la mayor accesibilidad al portal que han creado.

Los datos que publican (y que mantienen constantemente actualizados) están en formato open data, y por tanto pueden ser reutilizados sin límite de acceso. Y por si esto fuera poco, el sistema creado para su publicación tiene licencia de código abierto de manera que puede ser utilizado por cualquier otro organismo (ayuntamientos, u otro tipo de instituciones) para crear su propio portal de datos abiertos y gestionar la transparencia de la organización.

Esto sí es convicción por la transparencia, sin excusas.

El largo camino de la transparencia

Queda mucho recorrido que hacer… Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deberían adoptar lo antes posible espacios que garanticen el acceso a su información pública, sin trampas ni laberintos, que permitan a los ciudadanos y a los medios de comunicación acceder a los datos sin tener que superar gymkanas administrativas ni recurrir a procesos técnico complejos. No debemos olvidar que lo que pretendemos hacer más transparente es una información pagada por todos los ciudadanos, con nuestros impuestos.